Piden sobreseimiento y anulación de
medidas restrictivas a fin de que comunicador imputado pueda concluir sus
estudios de posgrado.
La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina, remitió una nota a la
Fiscalía General del Estado en la que expresa su preocupación por la violación
de las garantías constitucionales cometidas en el proceso abierto por el fiscal
Emilio Fuster contra el periodista de Paulo López.
La misiva, rubricada por la Secretaría de Derechos
Humanos y el Comité Académico de la Maestría en Periodismo y Medios de
Comunicación de la UNLP, recuerda que las torturas de las que fue víctima López
durante una cobertura en enero de 2014 fueron confirmadas por el propio
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y que a pesar de ello la
denuncia radicada ante la Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo de Santiago
González Bibolini, no ha experimentado avances.
Sin embargo, la causa abierta por supuesta resistencia
por el fiscal de Seguridad y Convivencia de las Personas, Emilio Fuster, avanza
de manera acelerada, existiendo una imputación e incluso una orden de captura
que fue materializada en diciembre pasado cuando López retornaba al país tras
cursar el primer cuatrimestre de un posgrado en periodismo en la UNLP.
La facultad platense también menciona que este hecho
se da en un contexto en que cinco trabajadores de prensa fueron asesinados
desde la asunción de Horacio Cartes y otros tantos recibieron amenazas y
agresiones. Ante esto, “invoca la aplicación de las garantías judiciales y el
sobreseimiento del estudiante de modo a que pueda continuar sus estudios”, ya
que contra el mismo pesan medidas restrictivas de libertad como la prohibición
de salir del país, de cambiar de domicilio y debe comparecer mensualmente ante
el juzgado.
Asimismo, solicitan al Ministerio Público que brinde
información sobre la continuidad de la situación procesal del alumno de la
mencionada casa de estudios, puesto que este 15 de abril vence el plazo de la
fiscalía para acusar y pedir la elevación del caso a juicio oral o desistir del
proceso.
Firman la nota el secretario de Derechos Humanos,
Jorge Jaunarena, y los miembros del Comité Académico Glenn Postolski, Patricia
Vialey, César Luis Díaz y Carlos Leavi.
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